INVESTIGACIÓN

Ecuador pide la extradición de un exsuperintendente que huyó a Bolivia


Carlos Ochoa es acusado por el delito de falsificación ideológica de documento. Él se declaró un perseguido político


Ochoa fue juzgado y la Fiscalía de su país reclama a Bolivia que él regrese para enfrentar la justicia
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14/03/2019

La fiscal general del Estado en funciones de Ecuador, Ruth Palacios, solicitó este jueves a un juez llevar ante la justicia a Carlos Ochoa, exsuperintendente de Comunicación, por el presunto delito de falsificación ideológica de documento.

Así lo informó la Fiscalía General a través de Twitter, donde indicó que Palacios "solicita al juez nacional Marco Rodríguez, llamar a juicio al extitular de Supercom, como presunto autor de falsificación ideológica de documento".

La fiscal subrogante pidió asimismo al magistrado "insistir en la extradición del procesado", actualmente en Bolivia y sospechoso de haber sancionado a medios de comunicación adulterando la Ley de Comunicación.



La Oficina Central de la Interpol rechazó el mes pasado a Ecuador emitir la difusión roja solicitada a finales de enero contra el exsuperintendente, procesado por el delito de falsificación ideológica de documento.

Ochoa, quien fuera la máxima figura sancionadora de la labor profesional de los medios y periodistas en virtud de la Ley de Comunicación aprobada en 2013 y reformada por el actual Ejecutivo, se considera un "perseguido político" y solicitó asilo en Bolivia.

Organizaciones de libertad de prensa han señalado que el proceso judicial contra el exalto funcionario versa sobre acusaciones por falsificación de documento público para sancionar "fraudulentamente" a once medios de comunicación.

La Cancillería de Bolivia confirmó el mes pasado la solicitud de refugio por parte de Ochoa, tras un requerimiento de Ecuador que pedía su extradición tras ser procesado por la Justicia ecuatoriana.



Un juez que lleva el caso ordenó prisión preventiva, con fines de investigación contra Ochoa.

Además de Ochoa, la exlegisladora Sofía Espín, afín al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, también huyó a Bolivia después de que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictara en enero una orden de prisión preventiva en su contra, tras incumplir la medida cautelar de presentarse periódicamente ante la Corte.

Espín, sobre la que Interpol también desestimó una solicitud ecuatoriana de luz roja, es acusada de tratar de influir en una testigo de cargo en un caso que salpica a Correa por el secuestro de un opositor en Colombia en 2012.



 




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